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CIDH DESTACA DENUNCIAS POR VIOLACIONES A LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y PROPIEDAD TERRITORIAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EN PERÚ

  • Posted on:  Lunes, 26 Enero 2015 00:00
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IIDS/Diciembre,  2014.-  Como  parte  de  las  últimas  actividades  realizadas  por  el  Pueblo Achuar en materia de capacitación e información sobre derechos indígenas, apus y líderes de las comunidades que integran FENAP participaron en la II Asamblea General del año 2014. La asamblea se realizó del 20 al 22 de diciembre en la comunidad de Kuyuntsa, ubicada en el distrito de Andoas, Loreto. 

El informe da cuenta de las audiencias celebradas en su 153º Período Ordinario de Sesiones, desarrollado del 23 de octubre al 7 de noviembre de 2014, en la ciudad de Washington. Una de las audiencias celebradas fue sobre “Personalidad jurídica y Territorio integral de pueblos y nacionalidades indígenas: Caso del Pueblo Indígena Kañaris, la Nacionalidad o Pueblo Originario Achuar del Perú, y la Comunidad Nativa Tres Islas de los Pueblos Shipibo y Ese´Eja”. La misma se desarrolló el 31 de octubre, acogiendo una solicitud de la Federación de la Nacionalidad Achuar  (FENAP), el pueblo indígena Kañaris, la Comunidad Nativa Tres Islas y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad-IIDS, para tratar los temas de territorio integral y personalidad jurídica de los pueblos indígenas.

Vulneración a la identidad jurídica e integridad territorial de los pueblos indígenas.- En base a la información presentada en la Audiencia, la CIDH resaltó que “los peticionarios denunciaron que su identidad  jurídica  e  integridad  territorial  se ven  vulneradas   por  su  clasificación   como 'comunidades indígenas o campesinas', y no como  'pueblos  originarios  o  indígenas'”.  Así por ejemplo, durante su participación en la audiencia, Rosa Sara Huamán Rinza, dirigente y miembro del pueblo indígena Kañaris, ubicado en la región de Lambayeque, relató que el Estado peruano ha negado la aplicación de los derechos de pueblos indígenas a la Comunidad Campesina “San Juan de Kañaris”, argumentando que no se trata de un “pueblo indígena”, sino de una “comunidad campesina”; por lo que no correspondía consultarles cualquier medida administrativa que les afecte, (concesiones mineras dentro de su territorio), mucho menos obtener su consentimiento previo, libre e informado. No obstante, fue el mismo Estado el que les cambió de nombre; pues, durante la era colonial fueron reconocidos como “Pueblo de Indios” (1714); en la era republicana, como “Comunidad de Indígenas” (1956); y, durante la Reforma Agraria, el Estado les cambió el nombre a “comunidad campesina”.

La CIDH también informó que los peticionarios denunciaron    que    su    clasificación    como 'comunidades indígenas o campesinas', y no como 'pueblos originarios o indígenas' ha permitido que “el reconocimiento de sus territorios se corresponda y limite sólo a sus asentamientos  habitacionales  y  sus  espacios de cultivo y ganadería, dejando por fuera los bosques y fuentes hídricas que han poseído y de las cuales han dependido ancestralmente”. Así, el Estado ha venido reconociendo y titulando comunidades dentro del territorio Achuar de modo fragmentado y discontinuo, sin incluir dentro de su territorio los bosques, que solo han sido reconocidos “en cesión en uso”.

El Estado viola nuestros derechos territoriales y colectivos. Pedimos ante esta instancia que el Estado peruano nos reconozca nuestro territorio integral y como pueblo originario. El Estado habla solamente de la contaminación del medio ambiente, pero esa contaminación del medio ambiente afecta también a la vida humana. Y están muriendo y están sufriendo. Y el pueblo reclama sus justos derechos”, señaló Peas Peas Ayui, Presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), durante su participación en la Audiencia.

Finalmente,  la CIDH señaló que la “fragmentariedad de su personalidad jurídica y territorial se agrava ante la falta de consulta previa respecto de mega proyectos que el Estado autoriza, dentro de sus territorios”. De este modo,   la Comisión exhortó a que la consulta previa y disposiciones internacionales en materia de derechos indígenas “se cumplan a cabalidad”.

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