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Pueblo Achuar demanda titulación de su territorio integral y se respete el derecho a la autodeterminación en CIDH.

  • Posted on:  Lunes, 03 Noviembre 2014 00:00
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El pueblo Achuar del Pastaza representado por el presidente de  Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) Peas Peas Ayui, se presentó el 31 de octubre en la CIDH, en el marco del 153 periodo de sesiones y demandó la falta de voluntad política de parte del Estado peruano para reconocer su territorio integral.  

“Nuestra demanda  es que el estado  reconozca nuestro territorio integral como pueblo Achuar, incluyendo todos los recursos naturales del suelo y subsuelo.

El estado viola nuestros derechos territoriales y colectivos, pedimos ante esta instancia que Petroperú no realice ninguna actividad petrolera dentro de nuestro territorio ancestral”.

Expresó el presidente de la FENAP.

Peas Ayui dijo que el estado no cumple con su rol.

Muchos pueblos están sufriendo como consecuencia de la contaminación ambiental y social producto de las malas prácticas de las empresas extractivas.

“Somos seres humanos y tenemos derecho a ser tratados como tales”.

 Dijo en la parte final de su intervención el representante del pueblo Achuar.

“Porque sin el reconocimiento de la personería jurídica, lamentablemente se impide en la práctica el ejercicio y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Y sin el reconocimiento efectivo de la propiedad del territorio ancestral integral de los pueblos, se viola un conjunto de sus derechos que impide en la práctica el ejercicio y la  defensa de su existencia física, cultural y espiritual”

Dijo en la introducción de su exposición la Dra. Raquel Yrigoyen Fajardo, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), institución que acompaña con la legalmente a las delegaciones que asistieron a la CIDH.

La representante del IIDS hizo un llamado a la CIDH para que recomiende al estado peruano para que cumpla con los estándares internacionales  y constitucionales, estándares ya establecidos por el Sistema Interamericano a través de la jurisprudencia de la Corte y de la Doctrina de la Comisión, con relación a los temas de la personalidad jurídica y la propiedad territorial de los pueblos indígenas; porque el desconocimiento de estos estándares internacionales en el Perú, resulta en la violación de los derechos los pueblos, y es una violación tan grave que bordea con la extinción de la vida de los pueblos y lo que podríamos llamar en el Derecho Internacional genocidio.

Advirtió la representante del IIDS.

Por su parte Juana Payaba Cachique, ex presidente de la Comunidad Nativa Tres Islas, descendientes de los pueblos indígenas Shipibo y Ese’Eja, de las familias lingüísticas Pano y Tacana, asentada en la sub-cuenca del río Madre de Dios, en el distrito y provincia de Tambopata, región Madre de Dios, denunció que pese a que cuentan con un  título de propiedad otorgado por el Ministerio de Agricultura en 1994, el Estado ha otorgado más de 140 concesiones mineras sin consulta ni consentimiento de la comunidad.

“Es así que los mineros han ingresado a nuestra comunidad a contaminar”.

Denunció la ex presidenta de la comunidad nativa de Tres Islas.

Payaba Cachique recordó que tienen una sentencia ganada en el Tribunal Constitucional del Perú, que reconocen a los pueblos indígenas el derecho a un territorio con autonomía y autogobierno y con el derecho a usar los recursos naturales que en ella existen. El tribunal reconoce el derecho de los pueblos a definir su destino y su proyecto de desarrollo, es decir reconoce su libre determinación.

Pese a todo ello el estado se niega a ejecutarlo y continúa la depredación y contaminación con mercurio.

“He venido aquí señores comisionados a pedir que se cumpla el respeto y la autonomía de nuestro pueblo. Que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional”

Manifestó al terminar su intervención la representante de la comunidad nativa Tres Islas.

Rosa Sara Huamán en representación del pueblo indígena Kañaris, ubicado  en el distrito de Kañaris, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, demandó que el Estado no respeta sus derechos territoriales, pese a que cuentan con título desde 1714, y que desde ese tiempo los han ido variando de denominación.

El Estado ha concesionado aproximadamente el 90% del territorio ancestral del pueblo indígena de Kañaris sin su consulta ni consentimiento, constituyéndolo prácticamente en un distrito minero.

“Nuestro petitorio es que el Estado no nos reprima por haber rechazado las concesiones mega mineras, que respete nuestra decisión y nuestra forma de vida, que no dé más concesiones mineras. Que mi venida no sea en vano y que se tome en cuenta nuestra petición.”

Así finalizó su ponencia la dirigente de Kañaris.

El Dr. Luís Alberto Huerta Guerrero, Procurador Público Especializado Supranacional del Estado Peruano rechazó categóricamente que exista una política del Estado peruano orientada a la extinción de la vida de los pueblos indígenas, y mucho menos que  pueda haber una tendencia de parte del Estado peruano hacia el genocidio.

La Dra. Patricia Balbuena Palacios Viceministra de Interculturalidad dijo que “en el Perú estamos en el camino hacia la progresividad a la implementación del Convenio 169 de la OIT”.

Mencionó que el Perú se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, por eso a través de sus organizaciones representativas, los 52 pueblos que el Estado ha reconocido hasta hoy, participan en los 18  procesos de consulta que están en marcha.

La Dra. Balbuena precisó que para el Estado según la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, el derecho a la consulta no implica el veto, este derecho sólo tiene una connotación de dialogo intercultural.

Como muestra de buena voluntad política en el mes de setiembre del 2013 la PCM convocó a los 18 ministros para conformar el sub grupo de trabajo de pueblos amazónicos, para retomar la agenda de la mesas 2 y 4 producto de los sucesos de Bagua.

Respecto a la demanda del reconocimiento del territorio integral, la Viceministra Balbuena Palacios precisó que esta figura jurídica no se encuentra contemplada en el reglamento jurídico peruano.

Se están dando diferentes tipos de políticas y se reconoce que hay tareas pendientes al tema del reconocimiento y titulación.

“La Comisión recibe con preocupación lo que los peticionarios manifiestan y también con atención lo que el Estado está haciendo en relación al tratamiento de estos temas.

Hay que ver la diversidad de los pueblos como un orgullo en la región y no como un problema; pero es difícil tratar situaciones en la que se pone en riesgo cuestiones tan importantes, en donde la disparidad de condiciones exige que el Estado brinde las garantías a los que más lo necesiten y muchas veces las empresas son muy poderosas frente a las organizaciones, que como lo han señalado van descubriendo una pérdida de soberanía y necesitan comprender cuales son las garantías que tienen para poder defenderse, y lo que está ocurriendo en sus territorios definitivamente cambian sus formas de vida y amenazan lo sobrevivencia de los pueblos. Por lo tanto la responsabilidad de los Estados es doblemente grande para garantizar todos los derechos involucrados.

El tema de la Consulta Previa Libre e informada es el desafío y no sólo en Perú, y no es gratuito que en el Sistema Universal y el Sistema Interamericano no se cuenta hasta ahora con una convención que garantice los derechos de los pueblos indígenas,  lo único que se ha conseguido  es el Convenio 169 de la OIT que trata el tema de la consulta, pero para todo lo que precisan los pueblos indígenas es relativamente poco; pero es parte de la lucha por conquistar estos tratados internacionales, por lo tanto esta esta consulta es la única esperanza de los pueblos indígenas de ser escuchados y tenidos en cuenta en los momentos de discutir estos grandes proyectos económicos”.

Expresó a modo de resumen y consejo para el Estado la Presidente de la sala Rosa María Ortiz,  comisionada de CIDH.

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